El desarrollo sostenible es el derecho fundamental a desarrollar en el XXI

El cambio climático es el mayor reto para la humanidad en el siglo XXI por dos razones fundamentales.

Primero por la trascendencia y magnitud de los efectos de tal fenómeno como tal. Según el informe ACNUR IDMC 2015, en el periodo 2009-2015, existen 22 millones de refugiados debido a fenómenos directa o indirectamente relacionados al cambio climático. Por tanto, es un problema global, donde el coste humano es creciente y afecta a todos los individuos en diferente magnitud, dependiendo del origen y capacidad económica.

Segundo, por la falta de estructuras internacionales con la capacidad suficiente de aplicar los tratados internacionales, que convierten tales tratados sobre el cambio climático en elementos supeditados a la voluntad de los estados nación, y que incentivan la aparición del fenómeno “free rider” en el incumplimiento de los acuerdos medioambientales. Los estados u organizaciones privadas tienen el incentivo de incumplir tales tratados de reducción de CO2 por el hecho de conseguir ventajas comparativas respecto a otros países o regiones. Esto se explica por el hecho inherente a la sociedad internacional de naciones, donde no existe ninguna institución supranacional a nivel universal que sancione a los estados, es decir no existe un gobierno coercitivo global que sea garante del cumplimiento de los acuerdos. Se podría argumentar que Naciones Unidas seria la organización natural para ejercer tal poder de regulación y gobierno, pero después de décadas de intentos para reformar las capacidades de gobierno tal organismo, la solución no parece que pase por una reforma institucional.

En tanto que tal cosa parece imposible, la propuesta para la evolución satisfactoria de tal reto mundial tendría que basarse en la evolución desde el gobierno, a la gobernanza. El concepto de gobernanza se puede interpretar como un paradigma de búsqueda del interés público basado en la interrelación de diferentes agentes de forma horizontal. Por tanto, es un cambio inclusivo que cambia la jerarquía vertical del gobierno (local, regional o nacional) para detectar y solucionar problemas, y consensua con los agentes privados, sociedad civil y profesional, las posibles soluciones a tales retos.

Este cambio de enfoque se explica fundamentalmente por dos razones: la tipología del problema del cambio climático, donde las fronteras de las naciones soberanas no delimitan los efectos del problema; por otro lado, el poder político no es suficiente para cambiar el paradigma global de consumo que se ha implantado a partir de la década de los 50 del siglo XX, y que equipara crecimiento económico con desarrollo.

Teniendo en cuenta tal perspectiva global, la solución propuesta basaría el foco de la gobernanza por el modelo de ciudad sostenible, el cual propone la vertebración de redes de colaboración entre ciudades que actúen como elementos centrales en el desarrollo sostenible. La unidad de acción fundamental basada en las ciudades sostenibles tiene su importancia debido a que las predicciones de ONU Hábitat para 2050 son que más del 70 % de la población mundial vivirá en ciudades. Teniendo en cuenta que las ciudades son y serán el elemento central del consumo energético que tiene como efecto secundario el incremento del CO2, el objetivo central que tiene que marcar los objetivos del desarrollo sostenible tiene que ser la eficiencia energética tanto en el consumo como en la producción.

Un ejemplo práctico de tales políticas de gobernanza es la ciudad de Växjo, en Suecia. En esta ciudad de 89.000 habitantes los agentes públicos y privados acordaron el objetivo de ciudad de cero emisiones para 2030. Esta ciudad tiene una de las emisiones per cápita de CO2 más bajas de Europa. Esto es posible por la combinación de un sistema de calefacción basado en los restos de la industria maderera de la zona, que abastece el 90 % de la demanda, y la utilización de electricidad hidroeléctrica, y biogás producida localmente. Por otra parte, el gobierno local utiliza una flota de autobuses con biogás, y demanda la máxima calificación energética a las nuevas construcciones.

En resumen, el siglo XXI será el siglo del cambio desde el gobierno hacia la gobernanza. Una gobernanza de carácter local, debido al crecimiento urbano fundamentalmente en Asia y África, pero que demandará la creación de redes cooperativas entre ciudades para el desarrollo sostenible tendrán la producción y eficiencia energética como necesidad para la gestión de los recursos. Esto será una necesidad transversal a todos los gobiernos tanto a nivel local como nacional, debido a la complejidad de los retos como el cambio climático, y también a las limitaciones que las estructuras de soberanía y legitimidad en el actual marco político. Pero este cambio de paradigma no solo incluye la esfera pública, sino también el sector privado, las conductas de consumo individual y la educación tanto elemental como universitaria.

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