La reciente subida de los precios de la energía en España, demuestra que el mercado de producción de la energía no es ni puede ser un mercado de competencia perfecta. Y no lo es fundamentalmente por dos razones: las características del mercado de producción de la energía, que se podrían definir de oligopolio con pocos incentivos para el cambio, y segundo porque la energía es un bien fundamental que no tiene sustituto perfecto.
La reforma de la energía de 1997 y posterior 2013 demandaban la inclusión de elementos de mercado en la producción de la energía, con la idea que la competencia crearía el elemento que potenciaría la eficiencia economía. Según la teoría económica clásica, la ley de oferta y demanda en cualquier mercado de bienes es el elemento ponderador de los precios de los bienes y servicios que se demandan. Desde este punto de vista, un gobierno no tiene la capacidad de recopilar la suficiente información para determinar todos los precios óptimos de todas las materias. Por ende, el libre mercado sería el elemento que permite equilibrar la oferta y la demanda, y por tanto determinar el precio. Siguiendo con este argumento, el cúmulo de acciones individuales de los compradores de la energía (comercializadoras y consumidores) llegan a un punto de equilibro con la oferta del productor de la energía que representa el óptimo para ambos del intercambio de la materia.
Sin embargo, tal lógica sería posible en casos de mercado perfecto competitivo, donde el comprador del bien (en este caso energía) puede disponer de este bien o no, de la misma forma que podría optar por elegir entre manzanas o peras, dependiendo de si el precio es el que el comprador considera justo, lo que se llamaría un sustitutivo del bien. En el caso de la energía, si bien se podría suponer que existe cierta libertad de comprar energía a un productor u otro, en realidad la característica inelástica y no intercambiable de la energía, que por definición es un elemento de primera necesidad no permutable por otro. Si el mercado perfecto no tiene cabida en este ámbito, la regulación sobre la energía nunca podrá ser definida como técnica o meramente económica sino política, dado que las condiciones de mercado no son existentes y el output beneficiará a unos o a otros dependiendo las preferencias del legislador.
La pregunta sería si esto es tan evidente, ¿por qué no se actúa de forma política para cambiar tal hecho? No es solo por el hecho que supone un agravio para los derechos de los consumidores, sino por el hecho que las compañías españolas están pagando un precio de la energía que reduce su competitividad con el resto de Europa. Una respuesta obvia, sería relacionar el poder político con las grandes empresas eléctricas por el efecto de puerta giratoria que hemos observado desde la privatización de las eléctricas a partir de 1997. Sin embargo, hay un punto de vista más estructural al simple tráfico de influencias: es el llamado “path dependence”.
Esta es una teoría política que estudia la dificultad del cambio en las organizaciones sociales, tanto públicas como privadas. Con tal fin, analiza cómo las decisiones del pasado influyen el presente y el futuro limitando el margen de toma de decisiones de los actores tanto privados como públicos. Esto ocurre por la magnitud de tales decisiones, que determinan cómo interactúan tales agentes en el presente y el futuro. Éste es el caso de la industria eléctrica, un sector con grandes inversiones iniciales que determinan quién, cómo y dónde se produce la energía por un largo periodo de tiempo. Este diseño inicial es difícil de cambiar debido al irreversibilidad de las inversiones, los efectos de economías de escala y el beneficio creciente de los productores de la energía dado que los gastos fijos se amortizan en el tiempo. Como resultado se impone un estancamiento del modelo productivo porque los costes de oportunidad suponen un desincentivo para el cambio endógeno del sector. Por lo tanto, para un cambio efectivo se tendría que imponer un cambio exógeno a la industria de carácter público. Pero, desde una perspectiva económica clásica el libre mercado tiende al equilibrio, y cualquier intervención pública para cambiar el modelo de negocio de tales industrias, sería una intromisión al libre mercado, y por definición una distorsión dentro de un mercado que se supone eficiente.
Sin embargo, como se ha explicado con anterioridad, el mercado de la producción de la energía no es libre, dado que la electricidad es un bien indispensable sin sustitutivo donde los usuarios tienen un limitado margen de negociación con las compañías. Por otra parte, la industria lejos de ser competitiva es en un oligopolio, sin incentivos para cambiar el modelo de producción y que responde únicamente a los intereses de sus accionistas a corto plazo. Por lo tanto, se impone la necesidad de un cambio gradual consensuado con la industria y los poderes públicos similar al “Energiewende” alemán, donde el cambio del modelo productivo hacia un modelo sostenible se considera fundamental para el futuro de Alemania y supuso un pacto de estado entre los principales partidos alemanes.
La pregunta es: ¿Existe el consenso para un pacto como este en España? A día de hoy no lo parece, y los usuarios y consumidores pagaremos el coste a presente y a futuro.
