Este mes de marzo se conmemoran los 60 años del tratado de Roma, cuya firma significó la creación de la Comunidad Económica Europea, hoy llamada Unión Europea. Este tratado fundacional fue precedido del acuerdo de la Comunidad Europea del Carbón i del Acero (CECA) en 1951, que se considera la primera institución de carácter supranacional en Europa. Este dato es importante, porque pone en perspectiva la importancia la energía ha tenido desde el principio de la construcción europea. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la UE no dispone de una estrategia común en cuanto a la sostenibilidad del sistema. En efecto, el mercado energético europeo es fundamentalmente nacional, está muy fraccionado y es tremendamente dependiente de un número limitado de productores. Esto produce el efecto de “path dependence” que trataba el post anterior. Además, y como hecho diferenciador respecto a los competidores de la UE, como EE. UU, China y Japón, tampoco existe una estrategia común europea en términos de seguridad energética.
El consejo Mundial de la Energía define la seguridad energética como “suministro ininterrumpible de energía, en cuanto a la cantidad de energía necesaria para satisfacer la demanda a precios razonables”. Por consiguiente, las instituciones públicas están en el centro del sistema y deben salvaguardar el suministro energético a precios razonables, dado que el acceso a la energía es un derecho. El problema surge cuando tales instituciones no tienen suficiente capacidad y/o voluntad para implementar y asegurar tales derechos.
Hay que tener en cuenta que la UE tiene unas características determinadas debido a su contexto geopolítico que determinan sus opciones de futuro. Primero, es altamente dependiente en la importación de energías fósiles. Por lo tanto, cualquier alza en los precios de tales materias significa un coste importante, y disminuye la competitividad. Segundo, la opción de la energía atómica disfruta de cada vez menor apoyo ciudadano, especialmente desde el desastre de Fukushima. Tercero, la falta de un mercado competitivo intraeuropeo junto con la concentración de los productores no asegura la libre competencia, y como resultado los consumidores pagan tales ineficiencias. Y, por último, las concentraciones de gases contaminantes derivados de las energías fósiles suponen un problema de salud pública, como demuestra el estudio el último estudio de la Agencia Internacional de la Energía.
Por otra parte, las instituciones europeas tienen un margen limitado de decisión las políticas energéticas en los países miembros. Aun así, en 2007 se marcó el objetivo 20/20/20 para 2020 e implantó legislaciones encaminadas a reducir emisiones y aumentar la liberalización del mercado. Los objetivos de tales políticas son: reducir emisiones de efecto invernadero un 20%, reducir el consumo energético un 20% mediante eficiencia energética y conseguir que un 20% de la producción energética sea renovable. Desde un punto de vista geoestratégico de futuro, sería necesario incluir el concepto de seguridad energética a nivel Europeo.
En conclusión, la necesidad de incluir también el concepto de seguridad energética en las políticas de la UE de forma efectiva, demandará un acuerdo global y de futuro de todos los actores públicos y privados para superar la fragilidad actual un sistema fragmentado y dependiente de las importaciones de terceros. Por tanto, los nuevos objetivos a futuro deben basarse en lo siguiente: Primero, asegurar la independencia energética europea mediante el desarrollo de energías alternativas. Segundo, reducir el gasto energético mediante la eficiencia energética, y la planificación inteligente de infraestructuras y servicios. Tercero, incrementar la protección de los consumidores a nivel Europeo, limitando la concentración de los productores, y asegurando los derechos de los consumidores y el derecho al autoabastecimiento energético.
