El pasado mes de febrero, el ayuntamiento de Barcelona sacó a concurso público la prestación del suministro eléctrico del consistorio por un valor de 65 millones de Euros. Un hecho habitual que todos los organismos públicos realizan de forma periódica, y que habitualmente no despierta gran interés mediático. Sin embargo, en esta ocasión fue distinto, pues el ayuntamiento incluyó una cláusula sobre pobreza energética, que amparada en la ley catalana 24/2015 de contratación pública, obligaba a las compañías suministradoras a costear el 50% de la factura en los casos de pobreza energética mediante la firma de un convenio con el ayuntamiento.

Dos grandes compañías eléctricas (Endesa y Gas Natural) impugnaron este concurso público ante el Tribunal de Contratación Pública por supuesta “discriminación” en la cláusula 18, cuyo objetivo es hacer corresponsables de la solución al problema de la pobreza energética a las grandes eléctricas. Según el art. 128.1 de la Constitución española, “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”. A pesar de esto, el Tribunal de Contratación falló el 9 de marzo de 2017 anulando del concurso municipal que incluía esta cláusula sobre la pobreza energética, y admitió parcialmente las alegaciones de las compañías.

No es de extrañar, que según el último informe de 2015 de la Comisión Europea sobre satisfacción de los consumidores, los españoles otorgan el grado de credibilidad más bajo a las empresas eléctricas, con un nivel de sólo 55% (el 2º más bajo de la UE después de Bulgaria y un 20% por debajo de la media Europea). No sólo eso, sino que desde 2011 se observa un descenso de la credibilidad de la población respecto a las grandes eléctricas con un declive de -14,5%. Es decir, la credibilidad en el sector es claramente decreciente.

Para ponerlo en perspectiva, otros sectores que prestan servicios privados como el ámbito cultural o la hostelería, ostentan una credibilidad de más del 80 %. Incluso servicios como las apuestas online tienen mejor reputación con un 73 %, es decir casi un 20 % respecto al sector energético. Este es un dato relevante, puesto que en país donde las empresas responsables de proveer un bien fundamental despiertan tanto recelo, no sólo perjudica a tales empresas, sino al conjunto del sistema.

Fuente: Blog de Holaluz

Visto en perspectiva, la privatización en los años 90 del sector eléctrico no ha asegurado una mayor competitividad en la producción de la energía, sino una suerte de oligopolio de 5 grandes empresas que controlan más del 85 % del sector. Se puede inferir que la legislación española ha facilitado una concentración de la producción muy elevada.  Como se comentó en un post anterior, la concentración de empresas estratégicas provoca un aumento de los precios, que tiene como consecuencia la ineficiencia en el mercado, cosa que conlleva costes extra para el conjunto de la economía. Y esto tiene como resultado una menor eficiencia de la economía en su conjunto.

Dado que las grandes compañías consideran la energía como un bien de consumo, y no un bien estratégico del cual emanan obligaciones respecto al conjunto de la sociedad, el estado dispone del derecho legítimo a decidir sobre tales bienes estratégicos. Según el art 128.2 de la ConstituciónSe reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.

En España tenemos el ejemplo de las empresas de agua, muchas de ellas de carácter local, o comarcal. Estas empresas son fundamentalmente públicas, o con una participación importante de las entidades públicas, cosa que ha facilitado que tengan una predisposición mayor a incluir el bien social en la prestación de servicios. Por ejemplo, en la firma de convenios con los servicios locales para evitar el corte del agua a las familias con menos recursos. Tal vez, la producción eléctrica local, con titularidad pública sea parte del sistema en un futuro, como lo es hoy en día en ciudades como Växjo, en Suecia.

En conclusión, para aumentar la credibilidad del sector sería necesario el plantear un debate en profundidad sobre la idoneidad de crear empresas con participación pública, que compitan con las grandes empresas del sector, para romper el oligopolio de facto que existe. Por otro lado, sería necesario promulgar leyes que fomenten el autoconsumo, incentiven la eficiencia energética y aumenten la transparencia del sector energético. Todo ello con el fin de empoderar a los ciudadanos en su derecho efectivo a disponer de una energía accesible a un precio justo.

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